Seis trucos para conseguir una buena traducción jurídica

Cuando hablamos de disciplinas con un alto grado de especialización, como la medicina, la ingeniería, las finanzas o el derecho, la traducción no es un asunto menor. No es ningún secreto que los traductores que quieran dedicarse a estos campos no solo deben dominar sus lenguas de trabajo con todos sus matices, sino que deben poseer profundos conocimientos de los temas sobre los que traducen. No obstante, lo que distingue la traducción jurídica de otros ámbitos de especialización es que el traductor no solo debe cumplir la función de lingüista, sino también de «jurilingüista», puesto que sus decisiones de redacción, ya sean de orden terminológico, sintáctico o estilístico, producen efectos jurídicos. Por tanto, debe siempre tener en cuenta que su trabajo se interpretará con el fin de establecer normas vinculantes.  Según David Mellinkoff, «[t]he law is a profession of words»[1] (el derecho es una profesión basada en las palabras). Cabe constatar, por tanto, que resulta imposible disociar la lengua del derecho, puesto que este último solo existe si se comunica. Con esta perspectiva en mente, el propósito de este artículo es explicar algunas de las decisiones que entran en juego a la hora de traducir un instrumento jurídico.

1.     Determinar la finalidad de la traducción: traducción-descripción frente a traducción-instrumento

La primera cuestión que se plantea a la hora de abordar un proyecto de traducción jurídica es determinar la finalidad de la traducción: ¿Servirá simplemente para informar al destinatario del contenido del documento original o se utilizará como un nuevo instrumento jurídico que surta efectos legales? En cuanto a las traducciones-descripciones, encontramos principalmente documentos oficiales, por ejemplo, certificados de estado civil, sentencias de divorcio o transcripciones. En estos casos, la única función de la traducción es describir el contenido del documento original. No hay necesidad de buscar equivalencias entre el sistema jurídico de origen y el que rige el texto de llegada. Al contrario, se deben mantener los conceptos jurídicos del país de origen, llegando incluso a traducirlos literalmente mediante un término recogido en los diccionarios de la lengua de llegada, a no traducirlos y dejar una nota del traductor a pie de página o a traducirlos por medio de una perífrasis. En Canadá, cuando se deben traducir instrumentos que se rigen por la common law, tienen la ventaja de poder apoyarse en la common law adaptada al francés, una variante jurídica con múltiples y potentes recursos terminológicos.

Pero ¿qué sucede si el documento traducido debe servir como nuevo instrumento jurídico? En ese caso, se abre antes nosotros la vasta tarea de establecer equivalencias funcionales entre el sistema jurídico que rige el documento original y el que regirá el instrumento traducido. A continuación se explican los procedimientos que usamos para alcanzar ese objetivo.

2.     Establecer una equivalencia terminológica.

«Traducir es elegir». Esta máxima dio nombre a un artículo de Pierre‑François Caillé publicado en la revista internacional de traducción Babel en 1967 que se repetirá sin parar en las escuelas de traducción. Sin duda, en cualquier tipo de traducción, existen numerosas decisiones estilísticas que dependen de la creatividad del traductor. El traductor, no obstante, debe subordinar sus decisiones al vocabulario que le ofrece el derecho. En primer lugar, es importante determinar el régimen jurídico que rige el documento original y, a continuación, las leyes que regirán el instrumento traducido. A diferencia de otros campos de especialización, nuestra fuente primigenia de terminología no serán los diccionarios o las enciclopedias especializadas, sino las leyes. Por ejemplo, si queremos traducir un contrato redactado en inglés en Estados Unidos al francés para su utilización en Quebec, donde rige el derecho civil, puede resultar útil consultar diccionarios de derecho de Estados Unidos o las leyes aplicables, según corresponda, como referencia para entender correctamente el concepto que debemos traducir. No obstante, en lo que se refiere a la lengua de llegada, el traductor deberá remitirse especialmente al libro quinto del Code civil du Québec (Código civil de Québec), donde encontrará la terminología necesaria para expresar el derecho de las obligaciones que estipula el contrato.  Dicho esto, un contrato siempre puede contener conceptos definidos en otras leyes, por ejemplo la Loi sur les sociétés (Ley de sociedades) o la Loi de l’impôt sur le revenu (Ley del impuesto sobre la renta). Por ello, es fundamental estar siempre atento. No exageramos al insistir en este punto: nunca se debe escatimar en el proceso de documentación.

3.     Garantizar la coherencia terminológica

Una vez que hemos establecido una equivalencia terminológica, la registraremos en una ficha terminológica donde indicaremos la ley y el artículo al que hace referencia el término, o cualquier otra fuente, si procede, así como una nota explicativa acerca del contexto. Es muy importante mantener la coherencia: es decir, un concepto = un término. Aunque nos parezca que el español es una lengua alérgica a las repeticiones, en este caso, el imperativo jurídico debe prevalecer sobre el estilo. Incluso si observamos incoherencias terminológicas en el documento original, en la traducción debemos tender a la uniformidad, aunque señalemos más tarde el problema al cliente.  En estos casos, un análisis riguroso por parte del traductor podría incluso ayudar al cliente a mejorar el texto original. Además, el idioma español permite eliminar muchos de los dobletes típicos del inglés jurídico. Hay numerosos ejemplos: to indemnify and hold harmless (que puede traducirse simplemente por eximir), the parties covenant and agree to… (las partes se compromenten a…), amounts due and payable (cantidades exigibles), etc. Así, si bien la lengua de Cervantes tiene tendencia a ser más prolija que la de Shakespeare, suele darse el caso de que una traducción en español sea más concisa que su original en inglés.

4.     Poner atención a los pequeños detalles

Por último, en traducción jurídica hay que ser extremadamente minucioso, incluso a la hora de elegir palabras de uso común, puesto que estas también surten efectos jurídicos. Esto es especialmente cierto cuando expresamos una obligación. En su obra La rédaction en droit des affaires : Principes fondamentaux et recommandations pratiques, el abogado Arnaud Tellier-Marcil se detiene a estudiar los matices entre las locuciones verbales «velar por», «garantizar que» y «asegurarse de». Se trata de expresiones corrientes que ayudan a determinar la naturaleza de una obligación, ya sea una obligación de aportación de medios (la obligación de emplear los medios necesarios para realizar algo) o una obligación de resultado (la obligación de garantizar la realización de algo). Al término de su análisis, Tellier-Marcil concluye que la locución «velar por», cuya definición es «poner mucha atención en hacer algo, preocuparse de algo», puede indicar una obligación de aportación de medios[2]. Ahora bien, su valor semántico no permite deducir una obligación de obtener un resultado. Esta idea queda mejor reflejada en la expresión «asegurarse de», es decir «actuar para que algo suceda». En este caso, «garantizar» podría encajar también, pero este verbo puede prestarse a confusión puesto que también posee el sentido de «comprobar la veracidad de un hecho». Este es tan solo un ejemplo de la complejidad del lenguaje de uso común en la esfera jurídica.

5.     Por último y sobre todo, revisar

Cuando terminamos este trabajo minucioso comienza otro: el de la revisión, en el que un segundo traductor compara el original y la traducción frase por frase, verificando la precisión del sentido, la terminología (y las fuentes terminológicas), la gramática y la facilidad de lectura del documento.

6.     Recurrir a un profesional

¿Necesita traducir documentos jurídicos? Cuando hablamos de sus derechos y obligaciones, o de los de un tercero, hay mucho en juego. La traducción de este tipo de textos no debería tomarse a la ligera. Por eso, es recomendable confiar esta tarea a traductores especializados, profesionales con formación y experiencia específicas en este campo de la traducción, capaces de aportar rigor y respeto a las normas deontológicas. La traducción de sus documentos jurídicos es una etapa fundamental para el éxito de sus proyectos empresariales, tanto en este, como en otros casos. El equipo de traducción jurídica de OXO está a su disposición.

[1] Tellier-Marcil, Arnaud. 2016. La rédaction en droit des affaires. Principes fondamentaux et recommandations pratiques. Montréal: Éditions Yvon-Blais. p. 17

[2] Tellier-Marcil, Arnaud. 2016. La rédaction en droit des affaires. Principes fondamentaux et recommandations pratiques. Montréal: Éditions Yvon-Blais. p. 153